Ingresos inalcanzables para renovar la residencia: la enésima vulneración de los derechos de la juventud migrada

    D'esquerra a dreta, en Moha, l'Abdel i en Hammid durant la conversa.

     

    Una sentencia del Tribunal Supremo ha endurecido la interpretación de la Ley de extranjería, estableciendo requisitos inalcanzables para los y las jóvenes migrados renueven el permiso de residencia. Una nueva vulneración de sus derechos que llega en plena crisis económica a raíz de la Covid-19. Pese a no generar, ni mucho menos, el alarmismo que provocó en los últimos veranos el aumento de llegadas de niños extranjeros sin red de apoyo, perpetúa su estigmatización y discriminación. Al marge de la ley, no hay suficiente voluntad política para garantizar que estos chicos y chicas salgan de los centros de menores con el permiso de trabajo y otras herramientas para salir adelante con autonomía. Hablamos de ello con Moha y Abdel, participantes del Servicio de Transición a la Autonomía, y con Hammid, uno de sus educadores.

    Lee el comunicado de FEPA, FEDAIA y ECAS que denuncia el endurecimiento de los criterios para renovar la residencia a jóvenes mayores de 18 años (en catalán)

     

    Nos encontramos con Moha y Abdel en el piso de nuestro Servicio de Transición a la Autonomía (STA) que comparten en el barrio del Poblenou con otros dos compañeros. Nos acompaña Hammid, educador del STA, y a Andrés y Malena, que preparan un reportaje para el Diario de Barcelona. Nos sentamos en el comedor y charlamos sobre la situación de Moha y Abdel: quiénes son, de donde vienen, cómo han pasado el confinamiento, qué tal les va el verano… Pero la conversación enseguida choca con un muro al hablar del futuro: los papeles, el problema de siempre.

    “Me he pasado casi seis años en un centro de menores y ahora no tengo el permiso de trabajo y se me acaba el de residencia en octubre”, explica Abdel. Tiene 20 años y llegó solo de Marruecos siendo menor de edad. Cuando salió del centro de menores, vivió un tiempo con una amiga. En mayo empezó a participar en el STA, que acompaña a jóvenes mayores de edad que no tienen vivienda o no la tienen de forma estable, en muchos casos migrantes. Los chicos y chicas acuerdan con el equipo educativo un itinerario formativo y de inserción laboral, y pasan a compartir uno de los seis pisos del servicio con otros jóvenes. El objetivo es que adquieran las herramientas para llegar a valerse por si mismos y llevar una vida independiente, en un itinerario que de media dura unos 18 meses y durante el cual también reciben apoyo emocional y asesoramiento del equipo.

    Hammid explica que los chicos y chicas migrados cada vez tienen más claro a donde vienen y los esfuerzos que tienen que hacer para triunfar, pero que la normativa vigente cada vez se lo pone más difícil: “Conseguir los papeles es, desde hace muchos años, el factor crítico que dificulta que los itinerarios de los jóvenes salgan adelante. La ley ha cambiado cada vez a peor”.

    El último cambio, en este caso un nuevo criterio de interpretación de la Ley de extranjería que ha fijado una sentencia del Tribunal Supremos, es una estocada definitiva. A partir de ahora, para renovar el permiso de residencia no lucrativa —el que no autoriza a trabajar—, las y los jóvenes migrados necesitarán acreditar unos ingresos propios de un mínimo del 100% del Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM), que equivale a 540 euros al mes. En e caso de las segundas renovaciones, el requisito es el 400% del IPREM, 2.100 euros mensuales.

    Estos ingresos ya no podrán venir de prestaciones sociales o ayudas sociales, como se podía acreditar hasta ahora. En el STA, por ejemplo, los chicos y chicas tienen el alquiler del piso pagado y una beca para afrontar necesidades básicas como la alimentación, una ayuda que hasta ahora se podía contabilizar como ingresos de los jóvenes a la hora de renovar el permiso de residencia. Los que reciben una prestación del Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) tampoco podrán acreditarla como ingresos propios. “Es absurdo, incongruente y surrealista pedirle a un joven que no tiene permiso para trabajar unos ingresos propios de 540 o 2100 euros, porque no los puede conseguir de ninguna manera”, valora Hammid.

     

    En Hammid, durant la conversa amb l'Andrés i la Malena
    En Hammid, durant la conversa amb l'Andrés i la Malena

     

    Hammid Benhamou, educador del Casal dels Infants: “Es absurdo, incongruente y surrealista pedirle a un joven que no tiene permiso para trabajar unos ingresos propios de 540 o 2100 euros, porque no los puede conseguir de ninguna manera”

     

    Desde que se estableció la nueva interpretación de la ley, tres jóvenes que participan en el STA han visto denegada su solicitud de renovación del permiso de residencia debido a este requisito de ingresos propios. “Ahora nos toca presentar un recurso a la Oficina de Extranjería, y si nos lo deniegan, uno contencioso-administrativo. Este proceso puede durar un año y medio, y mientas no podemos derivar a los jóvenes a una formación o a cualquier otro reurso porque no tienen el permiso de residencia”.

    En el caso de Abdel, en octubre tendrá que hacer el trámite de la renovación, justo cuando empieza un Programa de Formación e Inserción (PFI) en carnicería. “¿Cómo quiere que consiga el dinero que me piden? No, no me considero una ciudadano con los mismos derechos que cualquier otro. Y hasta que no consiga el permiso de residencia con autorización para trabajar, no me creeré que esta es mi tierra para siempre”, nos explica él mismo.

     

    L'Abdel al pis que comparteix al Servei de Transició a l'Autonomia
    L'Abdel al pis que comparteix al Servei de Transició a l'Autonomia

     

    Adbel Dermouni, participant del Casal dels Infants: "No me considero una ciudadano con los mismos derechos que cualquier otro"

    El permiso de trabajo

    Moha sí que ha conseguido el permiso de residencia y trabajo, pero le ha costado sudor y lágrimas y es casi un milagro. Tiene 21 años y hace cinco que llegó al Estado. Tras un tiempo en Melilla, vino solo hacia Barcelona, donde poco después empezó a participar en el STA. Hizo un primer curso de electricidad, pero acabó descubriendo su vocación de cocinero en el Aula de Hostelería del Casal dels Infants, una formación que complementó haciendo un PFI en hostelería.

    Hace unos meses hizo prácticas en un restaurante de Bellaterra, y quedaron muy contentos con él. Para conseguir la autorización para trabajar, tal como establece la Ley de extranjería, Moha necesitaba encontrar una empresa que le ofreciera un contrato de trabajo de un año con un sueldo que superar el salario mínimo a jornada completa, entre otros requisitos.

    En el restaurante estaban tan satisfechos con él que se las apañaron para hacerle una oferta que cumpliera con los requisitos. Todo se complicó con la Covid-19 y el estallido de la crisis económica que provocó: a los responsables del restaurante no les cuadraron los números, y le dijeron que tenía que esperar unos meses para poder contratarlo. Ahora, finalmente, han podido volver a hacerle la oferta, y Moha ha empezado los trámites para conseguir el permiso de residencia y trabajo.

    Historias como las de Moha, sin embargo, son una excepción, explica Hammid: “Hay que tener en cuenta que la juventud tiene poca experiencia profesional y muy pocas oportunidades de trabajo —el paro es del 28% en Catalunya para quienes tienen entre 16 y 24 años—.” Y si hablamos de los y las jóvenes migrados, que tienen menos competencias lingüísticas, es todavía más complicado. “Si una empresa, pese a todo, decide apostar por alguien extranjero y ofrecerle los 13.000 euros anuales del salario mínimo, tendrá que esperar meses, incluso un año, a que la Oficina de Extranjería acabe el trámite y conceda el permiso de trabajo. Pocos empresarios pueden esperar tanto tiempo…”.

    Más allá de la ley, voluntad política

    Que los jóvenes tengan que hacer esta cursa de obstáculos para intentar tener los papeles en regla, sin embargo, no es solo culpa de la legislación. “Es un problema de voluntad política. Mientras los jóvenes están tutelados, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència podría tamitar-les el permiso de trabajo, pero no lo hace”, señala Hammid. “La integración se fomenta en la igualdad, y no se da cuando estos chicos y chicas no pueden trabajar, mientras cualquier otra persona de su edad sí que puede”, añade.

    “Para mí, salir del centro de menores sin permiso de trabajo fue una pérdida de tiempo. Yo lo que quería era trabajar. Me obligaron a sacarme la ESO mientras estaba dentro. ¿Y para qué? Ahora no puedo trabajar”, dice Abdel. Moha lo ve del mismo modo: “Estudiar y formarte sólo tiene sentido cuando sabes que tendrás una oportunidad para trabajar, y a nosotros nos lo ponen muy difícil”.

    Más allá de tramitar el permiso de trabajo mientras los jóvenes están tutelados, Hammid insiste en que los centros de menores implementen programas de autonomía para jóvenes de 16 a 18 años: “Los chicos y chicas tendrían que estar aprendiendo a administrar dinero, a tener cuidado del hogar, y otras competencias para la vida independiente, pero nos llegan sin saber cómo funciona un cajero o cómo pagar una multa… Cuando llegan aquí tenemos que hacer mucho trabajo que se podría haber hecho antes”.

    Denuncia de FEPA, FEDAIA y ECAS

    FEPA, FEDAIA y ECAS, las entidades de segundo nivel que impulsan la Alianza por la mejora del sistema de protección de la infancia, la adolescencia y la juventud en situación de vulnerabilidad, hicieron público el 21 de julio un comunicado denunciando que esta situación “aboca a la irregularidad y la exclusión” al colectivo de jóvenes migrados solos.

    Así mismo, el documento exige:

    Modificar el Reglamento de Extranjería y flexibilizar los criterios por parte de la Generalitat de Catalunya para que las personas menores de edad y en situación de tutela obtengan el permiso de residencia y trabajo antes de cumplir los 18 años y salgan del sistema de atención a la infancia y la adolescencia con posibilidades de emancipación e integración social y laboral.

    Aplicar a las personas jóvenes mayores de 18 años la excepcionalidad que nos consta que las instituciones del Gobierno español y sus Delegaciones y Subdelegaciones pueden aplicar para conceder las renovaciones del permiso de residencia y trabajo.

    Procurar un cambio legislativo en el Parlamento de Catalunya para que se cambie la condición de disponer de residencia vigente para poder gozar de los servicios de la ASJTET.

     

    En el Casal dels Infants queremos seguir incidiendo para que se garanticen los derechos de la infancia, la juventud y las familias.

    Hazlo posible:

    Haz un donativo: https://www.casaldelsinfants.org/es/donativo-emergencia-educativa

    Haz voluntariado: https://www.casaldelsinfants.org/es/voluntariat