La reforma del reglamento de extranjería, un paso adelante incompleto

    En Mohamed, la Sonia i la Sara Daniela, participants del Casal dels Infants que han tingut obstacles per aconseguir el permís de residència amb autorització de treball.

     

    La reforma del Reglamento de Extranjería aprobada a mediados de octubre en el Consejo de Ministros es una gran noticia para las personas jóvenes extranjeras extuteladas. Pasan a tener autorización de trabajo cuando salen del centro de protección de menores, y se flexibilizan los requisitos de ingresos para que renueven el permiso de residencia. Se acaba, en buena parte, el callejón sin salida en el que habían vivido en los últimos años jóvenes como Mohamed y Sonia, participantes de nuestro Servicio de Transición a la Autonomía. Quedan deberes pendientes, sin embargo: la reforma no acaba con la vulneración de derechos de los niños y niñas extranjeros que no tienen permiso de residencia a raíz de la situación administrativa de sus padres, como es el caso de Sara Daniela, participante del Casal Jove de Badalona.

    “No ha sido una actuación heroica. Hacía falta y tocaba ya. Entre los jóvenes hay mucho potencial. Venimos aquí a estudiar y trabajar, a buscar un futuro mejor. Con esta ley nos despreciaban”. Mohamed Touil habla aliviado. Explica que cuando se enteró de que se había modificado la ley, enseguida llamó a sus padres para celebrarlo. Desde que llegó de Marruecos, hace cinco años, solo los ha visto una vez, cuando viajó a Tánger con el Casal Jove del Raval para participar en el festival de cortometrajes Tanja Zoom. Entonces acababa de nacer su hermano, que ahora tiene tres años, y no ha vuelto a estar con él. Si hubiera intentado visitarlos en los últimos meses, seguramente no habría podido volver a entrar a España. Una de las limitaciones de no tener el permiso de residencia.

     

    Mohamed Touil: "Entre los jóvenes hay mucho potencial. Venimos aquí a estudiar y trabajar, a buscar un futuro mejor. Con esta ley nos despreciaban"

     

    Llegó de Marruecos con 16 años y lo tutelaron en un centro de protección de menores hasta los 18. Al salir, se tenía que valer por sí mismo, pero no tenía autorización de trabajo. Buscando una salida, acudió a nuestro Servicio de Transición a la Autonomía (STA), ubicado en la calle doctor Dou del barrio del Raval de Barcelona, a través del cual empezó a vivir en un piso compartido con otros jóvenes en el barrio de Sagrada Família. Se puso a estudiar un grado medio en Atención a personas en situación de dependencia, y después Integración Social. Un año más tarde, pudo renovar el permiso de residencia temporal por dos años más, todavía sin autorización de trabajo. El golpe llegó hace medio año, cuando le tocaba la segunda renovación: “Me pedían más de 2.200 euros de ingresos mensuales propios para hacer la renovación. Ni trabajando habría podido conseguirlos”.

     

     

    Este requisito desorbitado lo fijó el Tribunal Supremo, interpretando la ley, en varias sentencias entre 2018 y 2019. En la primera renovación del permiso de residencia, hacía falta acreditar ingresos propios equivalentes al IPREM (565 euros). En la segunda renovación, el cuádruple (2.260 euros). Hasta entonces, tanto en la primera como en la segunda renovación, la persona extutelada podía acreditar que subsistía con el apoyo de de una entidad social o que cobraba una prestación de la administración pública. Pero el Supremo se lo puso más difícil: los ingresos tenían que ser suyos. ¿Pero cómo se los podían haber ganado? ¿Cómo se pueden conseguir 2.600 euros mensuales cuando no puedes trabajar?

    Para Sonia Mamani, que llegó de Bolivia con doce años y también estuvo tutelada, el callejón sin salida llegó ya en la primera renovación, cuando tenía 18 años. Le pedían ingresos propios, y no sirvió de nada intentar justificar que con el piso y la beca que le ofrecía el Casal mediante el STA podía cubrir las necesidades básicas. “Buscas trabajo y te piden los papeles. Intentas hacerte los papeles y te piden tener trabajo. No puedes avanzar, te sientes entre la espada y la pared. Encallada, sin poder avanzar. ¿Cómo lo haces?”.

    Ante el muro del requisito de los ingresos propios, la alternativa para Mohamed y Sonia a la hora de renovar el permiso de residencia era encontrar una oferta laboral de un año con un sueldo equivalente al salario mínimo a jornada completa. “Las empresas tienen que pagar una tasa, esperar para contratarte unos cuantos meses hasta que acabe el trámite de extranjería… Te dicen que les sale más a cuenta contratar a alguien con papeles”, comenta Sonia. Que un joven extutelado pueda conseguir un contrato de este tipo es muy difícil, pues, y todavía más si tenemos en cuenta que uno de cada cuatro jóvenes está en el paro y que muchos de los contratos son temporales.

     

     

    Desesperada por no poder salir adelante, Sonia hizo un tercer intento: solicitar un nuevo permiso de residencia con autorización de trabajo por la vía del arraigo social. Mientras acababa los estudios del grado en Administración y finanzas, consiguió la oferta de trabajo de un año que necesitaba, pero le denegaron los papeles porque no llevaba tres años empadronada en Barcelona (¡sólo le faltaban tres meses!). Presentó las notas del instituto para demostrar que sí que residía aquí desde hacía más de tres años, pero no sirvió de nada.

     

    Un derecho que condiciona muchos otros

    No tener el permiso de residencia con autorización de trabajo no significa simplemente que no te den un documento de identidad. Implica obstáculos en muchas otras situaciones cotidianas, como bien saben Mohamed y Sonia: abrir una cuenta bancaria, matricularse en algunos estudios, salir del país, apuntarse al gimnasio, firmar un contrato de alquiler, encontrar un trabajo que no sea irregular...

    En el aspecto emocional, genera inseguridad y mucha frustración. “Muchas veces he caminado con miedo de que la policía me coja y me pueda deportar a mi país, sin haber hecho nada malo. Y cuando la gente me pregunta si tengo papeles, no sé cómo decir que no, cuando ya llevo muchos años aquí. Cuando pasé de tener la documentación a no tenerla, me sentí inferior, porque no podía obtener las mismas cosas que otras personas”, comparte Sonia. Moha lo analiza con mirada de integrador social: “Lo que estamos construyendo es una sociedad racista y capitalista, basada en la desigualdad. Lo que hacía la ley era generar riesgo de exclusión”.

     

    Sonia Mamani: “Muchas veces he caminado con miedo a que la policía me cogiera y me deportara a mi país, sin haber hecho nada de malo. Y cuando la gente me pregunta si tengo papeles, no sé como decir que no, cuando ya llevo muchos años aquí"

    Mohamed Touil: "Lo que hacía la ley era generar riesgo de exclusión" 

     

    Los cambios

    Más allá de flexibilizar el requisito de ingresos para las renovaciones y de conceder la autorización de trabajo a todos los jóvenes cuando salen del centro de protección de menores, la reforma supone otras mejoras para los chicos y chicas extutelados. Esta infografía de la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA) las resume:

     

     

    Desde el Casal dels Infants nos habíamos sumado a la campaña para reformar el Reglamento de Extrangería impulsada por FEPA, FEDAIA y ECAS, las entidades de segundo nivel que impulsan la Alianza por la mejora del sistema de protección a la infancia, la adolescencia y la juventud en situación de vulnerabilidad.

     

    Niños y niñas sin permiso de residencia 

     Pese al avance que implica la reforma, no todo el mundo se beneficia de ella. De entrada, las personas extuteladas mayores de 23 años no podrán regularizar su situación. Tampoco cambia el panorama para las extranjeras que no hayan sido tuteladas, aunque tengan menos de 23 años.

    Es especialmente preocupante que la situación no haya cambiado para los niños y niñas que no tienen la nacionalidad española. Incluso aunque hayan nacido en Catalunya, sólo puede tener permiso de residencia si uno de sus padres lo tiene. Por lo tanto, un derecho tan básico como es el acceso a la documentación se condiciona a la situación administrativa de sus padres. Esta realidad vulnera los principios de no discriminación y de interés superior de la infancia establecidos por la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidos.

    Es el caso de Sara Daniela, que tiene 17 años y llegó a Catalunya desde Venezuela a los 13. Desde entonces no ha conseguido el permiso de residencia ni la autorización de trabajo. Su madre tiene un permiso de residencia que obtuvo por el proceso de reagrupación familiar. Ahora se está divorciando y necesita tramitar un permiso de residencia independiente para que Sara pueda regularizarse.

      

     

     

    En estos años, por no tener los papeles, Sara Daniela no ha podido tramitar una beca del Estado para pagar sus estudios en Administración y Finanzas, con su madre no ha podido registrarse como familia monoparental, ha tenido que trabajar de forma irregular para ayudar en casa, no puede usar la aplicación La meva salut… “Por el hecho de no tener papeles, muchas veces me siento muy mal y tengo muchísima ansiedad. Son situaciones que le oprimen a uno”.

     

    Sara Daniela Hernández: “Por el hecho de no tener los papeles, muchas veces me siento muy mal y tengo muchísima ansiedad. Son situaciones que te oprimen mucho" 

     

    Desde el Casal dels Infants seguiremos impulsando acciones de sensibilización e incidencia política para garantizar que los niños, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad no vean vulnerados sus derechos a  raíz de su situación administrativa.

     

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