Nuevo curso, deberes pendientes (I): ¿qué desigualdades arrastraban la infancia, las familias y la juventud antes de la Covid-19?

    Un infant, la seva mare i una eduadora del servei maternoinfantil Vincles al Casal dels Infants de Badalona

     

    Este año la vuelta de las vacaciones y el inicio del nuevo curso escolar vienen marcados por los efectos de la crisis social que ha generado la Codiv-19. Más allá del impacto en la salud de muchas personas, el socavón económico de la pandemia ha visibilizado y agravado desigualdades que ya arrastrábamos. Es importante, sin embargo, situar el punto de partida antes del confinamiento con datos para entender que la situación ya era grave y había empeorado, especialmente en relación a la infancia, las familias con hijos e hijas a cargo y la juventud.

    Infància en risc

    Según cifras del Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat), el 31% de la infancia en Catalunya estaba en riesgo de pobresa (Idescat). Es decir, esta era la realidad de 431.000 niños y niñas, 27.000 más que el año anterior.

    Si nos fijamos en los menores de 16 años, 4 de cada 10 sufrieron alguna privación material durante el año pasado. En los últimos dos años, los casos de privación material sebera se habían situado alrededor del 8%. Hablamos de 110.000 niños y niñas, 25.000 más que en 2017 y 30.000 más que en 2016.

    Familias empobrecidas y exclusión de la población migrada

    En cuanto a las familias con niños y niñas dependientes, el 26% se encontraba en riesgo de pobreza, la cifra más alta desde 2014 y el doble de las que tenían hijos a cargo. Las más desfavorecidas eran las monoparentales, con un 47% de riesgo de pobreza, la proporción más elevada desde 2008.

    En la misma línea, el año pasado el 31% de las familias con hijos e hijas a cargo tenía dificultades o muchas dificultades para llegar a fin de mes, la cifra más elevada desde 2016.

    Nos tenía que alarmar también que en 2018 más de la mitad (el 51%) de la población en Catalunya nacida en un país extracomunitario estaba en riesgo de pobreza antes de recibir prestaciones sociales, una cifra que casi no cambiaba tras haber recibido las prestaciones (48%). Si miramos al total de población, en cambio, el riesgo de pobreza casi se reducía a la mitad gracias a las prestaciones (del 27% al 14%).

    En cuanto a las personas en riesgo de pobreza en el trabajo (con ingresos por debajo del umbral de la pobreza pese a tener empleo), en los últimos dos años habían superado las 400.000 (12%), cuando en los cinco años anteriores no se había llegado a esta cifra. Entre estas, cabe destacar que encontrábamos a 4 de cada 10 personas nacidas fuera de la Unión Europea, según datos del último informe Insocat de la federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS).

    Otra de las realidades que ya hace años que era insostenible eran la de las vulneraciones del derecho a la vivienda, que afectan especialmente a la población en situación de vulnerabilidad. Entre 2015 y 2019, el precio del metro cuadrado del alquiler de viviendas en Catalunya subió un 44%, 30 veces más que el incremento de los salaraios (1,4%), según portales especializados, y el año pasado un 36% de la población catalana en régimen de alquiler estaba en riesgo de pobreza. En relación a los desahucios, en la última década Catalunya ha tenido 130.000, la mayoría de los cuales por impagos del alquiler. En 2019 se produjeron cerca de 12.500, más del triple que en 2008 (4.000), tal como señala un informe del Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals de Catalunya.

    Desigualdades educativas

    Si nos fijamos en el fracaso escolar, es decir en el alumnado que no consigue graduarse de la ESO, después de 10 años de mejora en los centros públicos entre los cursos 2005-2006 y 20014-2015 (del 29% al 1%), en los últimos tres cursos no se había conseguido bajar del 14%, según datos del Departament d’Educació.

    Esta realidad no afectaba a todo el alumnado por igual: un estudio del Centre d’Estudis Demogràfics de la UB, con datos del curso 2015-2016, señalaba que el fracaso escolar en los centros públicos de Catalunya afecta al 10% del alumnado con padres autóctonos, al 17% cuando los padres son extranjeros y a un 29% del alumnado nacido en el extranjero que llegado con más de 7 años a Catalunya.

    Con el abandono escolar prematuro (el porcentaje de jóvenes de entre 18 y 24 años que como máximo ha superado la primera etapa de la educación secundaria) pasaba algo parecido. Las cifras habían mejorado durante los mismos 10 años, pero habían sufrido un ligero repunte en el último curso, con un 19% de la juventud afectada, cuando la media de la Unión Europea es del 10%.

    De nuevo, el riesgo de dejar los estudios antes de hora era desigual entre los chicos y chicas en función de su origen. En 2017, el índice de abandono escolar prematuro del conjunto del Estado era muy similar al de Catalunya (18%), pero afectaba mucho más al alumnado extranjero (32%), según datos de la UNESCO. Un informe reciente del Síndic de Greuges señala que en Catalunya el 75% de los chicos y chicas con padres con estudios superiores continúan estudiando después de los 17 años, mientras que de los que tienen padres con estudios básico sólo continúa un 42%.

    Uno de los principales problemas que hasta la pandemia había ido generado desigualdades educativas en Catalunya es la segregación escolar, como explicábamos en este reportaje. Y no se ha conseguido revertir en los últimos años, indicaba recientemente la Fundació Jaume Bofill. También lo es la falta de financiación de los centros educativos: para garantizar la gratuidad de las esculeas y los institutos, haría falta invertir 1.164 millones de euros más, según el Síndic de Greuges.

    Jóvenes sin oportunidades para emanciparse

    El elevado abandono escolar prematuro que ya hemos explicado, y cómo afecta más a la juventud de clase socioeconómica bajo y/o de origen migrante, es uno de los obstáculos que, antes de la Covid-19, dificultaba el tránsito a una vida autónoma en la adultez.

    También lo es el acceso al trabajo, con una tasa de paro juvenil del 20% que subía hasta el 28% entre los chicos y chicas de 16 a 24 años, durante el primer trimestre de 2020. El paro entre los jóvenes que como máximo han superado la ESO llegaba al 31%, el doble que quienes habían cursado estudios postobligatorios. En cuanto a la nacionalidad, el paro afectaba al 25% de la juventud extranjera.

    Uno de los datos más preocupantes de la precariedad entre la juventud venía siendo la evolución de la tasa de emancipación, como ha recogido el Observatori Català de la Joventut. En el primer trimestre de 2020 sólo un 23% de los jóvenes de 16 a 29 años se había emancipado, cuando en 2007 lo había hecho el 33% (desde entonces, cada vez ha sido más difícil salir de casa de los padres).

    Uno de los colectivos que más ha sufrido vulneraciones de derechos en los últimos años es la juventud migrada no acompañada. Entre el año 2017 y mayo de 2020 llegaron a Catalunya 7.700 niños y niñas extranjeros acogidos por la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), que actualmente atiende a cerca de 6.000, según cifras de la Generalitat.

    En este tiempo, la falta de previsión e inversión en recursos ha ehcho que muchos no recibieran la atención adecuada durante la tutela hasta la mayoría de edad, y que una vez ya tuvieran los 18 años no contaran con medios para salir adelante. El obstáculo principal ha sido la tramitación de los permisos de residencia y trabajo, como explicamos en este reportaje, debido a las restricciones de la Ley de extranjería pero también a una falta de voluntad política, teniendo en cuenta que la DGAIA podría tramitarles el permiso de trabajo durante el período de tutela.