El miércoles 24 de marzo participamos en la mesa redonda sobre la implementación del Ingreso Mínimo Vital organizada por la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) y el Ayuntamiento de Barcelona. El espacio y el informe que se presentó, realizado por un grupo de investigación del Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona, sirvieron para volver a constatar que urge reformar la prestación, dado que la gran mayoría de familias en situación de vulnerabilidad no están podiendo acceder a la misma.
En la mesa redonda intervinieron Amaia Paíno, de Insercoop; Carme Ferreiro, de Càritas Barcelona; Beatrice Carpani, de la Fundació Surt; y Glòria Llopis, técnica de la Unidad de Apoyo en la Emergencia del Casal dels Infants. El informe lo presentó su coordinador, Carlos Delclòs.
En las intervenciones y el debate hubo consenso al considerar que el proceso de solicitud y tramitación de la prestación es complejo, largo y excluyente. Se señaló que la ley que regula la prestación es poco clara y ha sufrido cinco modificaciones desde su aprobación, y que es necesario y urgente establecer un reglamento que clarifique y simplifique el trámite. También quedó de manifiesto que la cantidad de la prestación es insuficiente para las personas que consiguen recibirla.
Personas excluidas
Una de las principales críticas al proceso es que los requisitos para acceder excluyen a muchas personas. Es el caso de las menores de 23 años y de muchas de las que no llegan a los 30 —en este segundo caso, no pueden tramitarla si no llevan tres años emancipadas y en este tiempo no han cotizado a la seguridad social durante 12 meses—. La prestación también cierra la puerta a las familias que tienen uno de sus miembros en situación administrativa irregular.
Por otro lado, el hecho de el Ingreso Mínimo Vital se dirija a unidades de convivencia está comportando muchos problemas para que aquellas persones que conviven en una misma vivienda per no comparten ingresos puedan presentar más de una solicitud. También para las que no están empadronadas donde viven o para las que no tienen un domicilio fijo, como por ejemplo las que se encuentran en situación de sinhogarismo.
En estos casos, la última modificación de la ley permite que estas personas soliciten la prestación, pero para hacerlo necesitan pedir un informe social de los servicios sociales, un requisito que agrava la saturación y el colapso en el proceso.
En cuanto a los requisitos de ingresos, la razón más frecuente de las denegaciones está siendo que durante el 2020 se tuvieron en cuenta principalmente los ingresos del año anterior para valorar si la persona solicitante estaba en situación de vulnerabilidad. Esto provoca que muchas familias que sufrieron una pérdida de ingresos muy fuerte durante la pandemia no estén recibiendo la prestación.
Brecha digital y falta de apoyo de la administración
Otra gran queja es la dificultad que supone para las familias entender y realizar por sí mismas los trámites, en un proceso largo y difícil de comprender. El sistema las aboca a desistir o a cometer errores en la tramitación, si no cuentan con el apoyo de una entidad social. No existe un filtro previo de la administración para que la persona sepa si cumple los requisitos y si aporta la documentación necesaria al hacer la solicitud. Por otro lado, tener que realizar la gestión de forma telemática es excluyente para muchas personas sin las competencias necesarias, debido a la brecha digital.
En cuanto al teléfono de información habilitado por la Seguridad Social, no responde a la mayoría de llamadas, y en los últimos meses ha reducido su horario de atención, limitándolo a las mañanas. Las personas solicitantes no saben hacer el seguimiento del trámite y cuando reciben la denegación no saben que pueden realizar una reclamación. Tardan hasta seis meses en recibir una respuesta a su solicitud, pero solo tienen 10 días para reclamar o responder a un requerimiento de la administración.
Cifras que exigen una reforma
El informe sobre la implementación del Ingreso Mínimo Vital señala que la prestación se creó en julio de 2020 con el objetivo de conseguir que un 25% de las personas bajo el humbral de la pobreza pudiesen salir de esta situación, pero la prestación solo está llegando a un 6% de la población pobre.
Los últimos datos facilitados por la Seguridad Social en marzo indican que, en las cuatro provincias catalanas, la gran mayoría de solicitudes resueltas han sido denegadas. El peor de los casos es el de Barcelona, con un 85% de denegaciones, y el mejor el de Lleida, con un 78%.
Podéis volver a ver la mesa redonda sobre la implementación del Ingreso Mínimo Vital y la presentación del informe aquí