Atención y prevención para la infancia en riesgo
Velar por los derechos de los niños y niñas que más están sufriendo esta crisis requiere un trabajo en red que implique a toda la comunidad. Las escuelas e institutos, más allá de garantizar la adquisición de aprendizajes, debe ser un espacio de relación seguro y también de detección de situaciones de riesgo que desde los servicios sociales y otros ámbitos de las administraciones públicas se deberán abordar. Es por ello que hay que asegurar que los centros educativos garanticen una atención presencial durante todo el curso.
Hay que ir más allá de las aulas, sin embargo. Los servicios de intervención socioeducativa para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo son más necesarios que nunca. Servicios como los Centros Abiertos, que ofrecemos en el Casal dels Infants y que forman parte de la cartera de servicios sociales, son fundamentales para atender y prevenir situaciones de riesgo y favorecer el desarrollo adecuado de los niños y niñas. Cada tarde, cuando acaba la escuela o el instituto, los niños y niñas cuentan con el acompañamiento de educadores y educadoras que son un referente para su bienestar: hacen un seguimiento a su situación, mantienen tutorías con sus familias y trabajan en red con los servicios básicos de atención social y la red de entidades del territorio.
En un momento crítico como el actual, defendemos que se debe garantizar la presencialidad de estos servicios de acompañamiento a la infancia en riesgo: no podemos volver a velar por los derechos de la infancia en riesgo desde la distancia, como muchas entidades tuvimos que hacer durante el confinamiento —en el caso del Casal dels Infants, acompañamos a 2.000 niños y niñas y su familias—. Es necesario, así mismo, mantener mesas de coordinación locales para la gestión de la emergencia social que involucren las áreas de educación y salud de las administraciones, los servicios sociales y las entidades de cada territorio.
Prestaciones ágiles y formación para las familias vulnerables
Antes de la crisis, una de cada cuatro familias en riesgo con hijos e hijas se encontraba en riesgo de pobreza, el doble que las que no tenían menores a cargo. La situación ya era especialmente complicada para las monoparentales, ya que casi la mitad se encontraba bajo el umbral de la pobreza. Con la crisis de la Covid-19, muchas se han encontrado con el agravante de entrar en el paro, verse afectas por un ERTO o haber perdido su fuente de ingresos en la economía sumergida. Si nos fijamos en las cifras, en agosto había 480.600 personas paradas en Catalunya y 170.200 afectadas por un ERTO.
La respuesta de las administraciones a la situación de estos hogares está siendo lenta e insuficiente. El despliegue del Ingreso Mínimo Vital, una medida necesaria a la espera de que es acabe atendiendo la demanda de una renda básica, está dando una respuesta muy poco ágil a las solicitudes de la ciudadanía. Desde la aprobación de la prestación, se han saturado los canales presenciales y telemáticos para tramitarla, tal y como ha denunciado el Colegio Oficial de Trabajo Social de Catalunya y hemos podido comprobar las entidades sociales en el día a día.
Este contexto nos ha obligado, como entidades sociales, a dar una respuesta a las necesidades de las familias, asesorándose en una tramitación engorrosa y con excesivos obstáculos. Desde el Casal dels Infants lo hemos hecho desde el inicio del confinamiento, y este mes ponemos en marcha un nuevo servicio específico para ofrecer apoyo a las familias en estas gestiones. Es urgente, sin embargo, simplificar este proceso de tramitación de las prestaciones y dotas a los servicios sociales y de ocupación con el personal necesario para gestionarlas con agilidad.
Urge, así mismo, reforzar los programas de formación e inserción para adultos, para que las familias que han perdido el trabajo ganen competencias y mejoren su ocupabilidad. Hay que tener en cuentas que para conseguirlo se deberán destinar más recursos para espacios de guarda y cuidado de los niños y niñas, para facilitar la búsqueda de empleo de los padres y madres, especialmente de las madres solteras.
Igualdad de condiciones educativas
Los meses de confinamiento han ampliado la brecha de desigualdad en las condiciones educativas de la infancia. Si antes de la pandemia el origen social y migratorio ya determinaba el éxito educativo del alumnado —los hijos e hijas de familias migradas o con un nivel socioeconómico bajo sufrían más el fracaso escolar, el abandono escolar prematuro y unos resultados académicos inferiores a la media—, ahora lo hace todavía más. Que todo el curso se desarrolle de manera presencial será clave para revertir esta tendencia.
Uno de los motivos de este empeoramiento de las desigualdades educativas es que el acompañamiento familiar, que ya era un factor clave en el proceso de aprendizaje de los chicos y chicas, ha sido más determinante que nunca durante el confinamiento. No todas las familias han tenido el capital cultural y las competencias necesarias para ayudas a sus hijos con las tareas de la escuela y el instituto desde casa.
Por otro lado, muchas familias han tenido dificultades para acceder a dispositivos tecnológicos y a internet para que sus hijos e hijas continuaran estudiando —en abril, el Departament d’Educació detectó que 55.000 familias no tenían dispositivos o conexión a su alcance—. Aunque desde las administraciones públicas y las entidades sociales hemos repartido dispositivos —en el Casal dels Infants hemos entregado tablets a cerca de 300 niños y niñas y hemos garantizado conexión a la red a 50 familias—, será necesario destinar más recursos a este ámbito. Para combatir la brecha digital, además, hace falta que las familias sepan utilizar los dispositivos y velen porque sus hijos e hijas los usen de forma saludable, y esto requiere dotarlas de competencias a través de servicios formativos.
Es necesario abordar, así mismo, los problemas estructurales del sistema educativo. En este sentido, desde el Síndic de Greuges se ha señalado la infrafinanciación que sufren los centros y la necesidad, ahora más que nunca, de priorizar los recursos para los de elevada complejidad, incrementando sus plantillas e incorporando profesionales multidisciplinares, como integradores sociales, para gestionar las situaciones de vulnerabilidad de la infancia y las familias. También urge desplegar el Pacto contra la segregación escolar en Catalunya, para avanzar hacia una composición del alumnado más equilibrada en las escuelas e institutos.
Más allá de lo que ocurra en los centros, el aumento de las desigualdades educativas se debe afrontar necesariamente también fuera del horario lectivo. Es necesario garantizar servicios de refuerzo escolar cuando acaben las clases al alumnado de familias en situación de vulnerabilidad, como los que desarrollamos cada tarde en el Casal dels Infants. Son ratos en los que, con el apoyo del equipo educativo, los niños y niñas consolidan lo que han aprendido a la escuela y resuelven dudas.
Urge, en la misma línea, hacer partícipes a las familias de este apoyo en el aprendizaje. Por un lado, su implicación es un gran estímulo para el éxito educativo de los niños y niñas. Por el otro, los meses de confinamiento pueden haber debilitado el vínculo entre los centros educativos y las familias, y fortalecerlo será imprescindible para evitar un incremento del absentismo y del abandono escolar prematuro.
Reforzar los itinerarios de la juventud
Los y las jóvenes han sido uno de los colectivos más afectados por el impacto social de la Covid-19, ya que sus itinerarios formativos y laborales se han visto afectados por el confinamiento y la crisis económica. Entre los que se encuentran en situación de vulnerabilidad, este curso es imprescindible ofrecerles espacios de refuerzo educativo y de orientación en los itinerarios formativos, para evitar la desafección hacia los estudios postobligatorios.
Los programas de formación e inserción laboral, como el que impulsamos desde el Casal dels Infants, también requieren un incremento de recursos para parar el golpe de un paro juvenil creciente. Durante el segundo trimestre de 2020 se han destruido más de 80.000 puestos de trabajo entre la población joven, lo que significa que la juventud ha absorbido el 40% de la pérdida de ocupación en Catalunya, según el Observatori Català de la Joventut. Para revertir esta dinámica, será necesario seguir contando con la implicación de las empresas en los programas de formación dual.
En cuanto a la juventud migrada, continúa expuesta a las situaciones de vulnerabilidad más graves. Los obstáculos para regularizar la situación administrativa de estos chicos y chicas continúan siendo un grave obstáculo para que estos chicos y chicas salgan adelante. El endurecimiento de los requisitos para conseguir el permiso de trabajo, que les exige unos ingresos inalcanzables, ha sido la gota que ha colmado el vaso. La reforma de la ley de extranjería es urgente, como también más voluntad política para garantizar los derechos de estos chicos y chicas, tanto durante su tutela por parte de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) como cuando han alcanzado la mayoría de edad.
