La pobreza infantil sigue en aumento en Cataluña. En 2025, 490.900 niños y niñas sufrieron riesgo de pobreza o exclusión social, según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida publicados el 5 de febrero por el Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat). Representan el 36,5% de los menores de entre 0 y 18 años —una cifra incluso superior a la de 2020 (36,2%), en plena crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de la COVID— y son 23.200 más que el año anterior.
Así, la infancia es, un año más, el grupo de edad que más se encuentra en esta situación, por encima del conjunto de la población de todas las edades. En la franja de 0 a 18 años, 1 de cada 3 niños y niñas (concretamente, 1 de cada 2,7) se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, mientras que en el conjunto de la población 1 de cada 4 personas (24,8%) sufre esta situación. Esta última cifra también supone un aumento respecto al año pasado, con 86.900 personas más.
Los datos vuelven a indicar lo que desde hace años advertimos las entidades que trabajamos diariamente con niños, niñas y familias en situación de vulnerabilidad social: el riesgo de pobreza o exclusión social en la infancia es un problema cronificado. En la última década, la proporción de menores que se encontraban en esta situación siempre ha sido superior al 30%, a excepción de 2016.
El riesgo de pobreza o exclusión social se calcula mediante un indicador europeo conocido como la tasa AROPE, que tiene en cuenta tres componentes: la tasa de riesgo de pobreza, el porcentaje de la población que declara encontrarse en situación de privación material y social severa, y la baja intensidad en el empleo.
Infancia y familias, los colectivos más vulnerables
Todavía hay otro dato alarmante y preocupante: un 13,4% de los niños y niñas (178.800) sufrió privación material y social severa, es decir, que sus familias no pudieron hacer frente al gasto de necesidades básicas. El dato sigue la tendencia al alza como el resto, suponiendo un aumento de 26.700 menores que padecen esta privación respecto al año 2024.
La composición del hogar es un factor determinante en el riesgo de vulnerabilidad. Según los datos de Idescat, el riesgo de pobreza o exclusión social de los hogares con hijos dependientes ha aumentado 2,3 puntos, situándose en el 30,8%. Entre los hogares sin hijos dependientes, el 18,7% sufre esta situación.
Esta presión económica que padecen las familias se pone de manifiesto en las dificultades para afrontar el día a día:
- En el conjunto de la población, casi la mitad de las personas (47,3%) declara llegar con dificultad a final de mes.
- Un 35,5% de la población no tiene capacidad para asumir gastos imprevistos de 900 euros.
- Un 14,2% de las personas declara retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal.
- Un 29,4% de la población declara no poder permitirse una semana de vacaciones al año.
- Un 16,8% declara no poder mantener el hogar a una temperatura adecuada.
Las prestaciones sociales, insuficientes contra la pobreza infantil
La infancia es, además de ser la más afectada por el riesgo de pobreza o exclusión social, la que menos consigue salir de la pobreza gracias a las transferencias sociales, es decir, pensiones y prestaciones públicas.
En 2025, tras las transferencias sociales, la tasa de pobreza entre los niños y niñas de 0 a 18 años se redujo un 24,4%. En cambio, en la franja de 18 a 64 años la reducción fue del 40%, y en la de más de 65 años, del 81,5%, siendo este el colectivo más beneficiado tras dichas transferencias.
Políticas públicas para la infancia
Este aumento del riesgo de pobreza y exclusión social en la infancia convive con un incremento de los ingresos medios netos de los hogares catalanes, del 4,6% (de 2023 a 2024). Este hecho sugiere que los beneficios de la mejora económica no llegan suficientemente a la infancia y a sus familias.
Con el respaldo de los datos, desde el Casal dels Infants insistimos en la importancia de desplegar políticas públicas específicas para la infancia que tengan un impacto eficaz y real en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, como una mayor prevención con servicios de apoyo social y educativo, una prestación universal por crianza, el acceso de niños y niñas desfavorecidos a la escuela infantil, y frenar los desahucios de familias con menores.