En el marco de la jornada Rassif ‘Infants, migrats i sols: triple vulnerabilitat, més protecció’, celebrada el pasado diciembre en el Museu Marítim de Barcelona, jóvenes y entidades reclamaron el cumplimiento del marco jurídico en la protección de los niños y niñas migrados solos y más mecanismos de seguimiento compartido y trabajo en red entre comunidades autónomas y los estados por donde transitan estos chicos y chicas.
Con la presentación del informe «Marc jurídic del sistema de protecció de menors i jovent migrant sol i les seves vulneracions a Catalunya”, de la Fundación Ficat y el Casal dels Infants, alertaron que la falta de esta coordinación impide garantizar la protección de los menores y puede llegar a tener consecuencias graves en sus vidas, como demuestra alguno de los casos documentados.
Pruebas de determinación de edad y la expulsión de centros de protección de menores
El documento, que presentó Laia Costa, jurista de la Fundación Ficat, hace un examen exhaustivo actual en materia de protección a la infancia y señalaba graves incumplimientos de la misma —por parte de las administraciones competentes en materia de protección a la infancia, como la Generalitat de Catalunya, la Fiscalía de Menores y la Oficina de Extranjería—, como la práctica de pruebas de determinación de la edad a niños que cuentan con un pasaporte que los acredita como menores y no ha sido declarado falso por ningún procedimiento judicial, y la no tramitación de la correspondiente autorización de residencia y trabajo de estos menores.
Practicarlas supone el incumplimiento de recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y genera situaciones de «limbos legales» y la expulsión de centros de protección de menores cuando aún no lo son. También recoge casos donde no se tramita la autorización de residencia y trabajo a los niños y niñas durante su tutela en el plazo de tres meses que la ley prevé, dificultando la integración y la autonomía de los jóvenes.
La precariedad en el salto a la adultez y la invisibilidad de las chicas que migran
En cuanto a los programas de vivienda y prestaciones para jóvenes ex tutelados, el informe señala que cubren una proporción muy baja de jóvenes y que los que acceden tardan meses en beneficiarse, a pesar que el sistema de protección a la infancia en Catalunya tiene la obligación de garantizar apoyo a los chicos y chicas en el paso a la adultez.
Los datos recogidos muestran una baja cobertura de los programas de apoyo a la emancipación: el año 2023, mientras 1.762 jóvenes tutelados alcanzaron la mayoría de edad, solo 746 fueron dados de alta en el servicio de apoyo (ASJTET). Esta falta de recursos hace que un 29% de los jóvenes que viven en la calle en Barcelona hayan pasado previamente por centros de protección. Además, no hay suficientes profesionales para la gestión de estos programas ni para garantizar acompañamiento socioeducativo a los chicos y chicas en cumplir los 18 años, como también ya alertó el Síndic de Greuges.
Más allá de la falta de recursos desplegados por la administración, la juventud migrada ex tutelada también tiene que afrontar la discriminación en el acceso al mercado de vivienda.
Otro aspecto a destacar es la falta de medidas específicas con perspectiva de género para mejorar la protección de las chicas migradas solas, a menudo invisibilizadas y expuestas a más violencia y vulnerabilidad por el hecho de ser mujeres. Además, una vez llegan a Catalunya, presentan tasas más bajas de detección por el sistema de protección.
“Menores y jóvenes migrados”, el informe de la Universitat Pompeu Fabra
También en el marco del programa Rassif, se elaboró un segundo informe, de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y el Casal. El informe «Menors i joves migrants: campaments, portes d’entrada i drets humans” presenta los resultados de un amplio trabajo de campo hecho en Marruecos y Catalunya sobre la situación de los menores y jóvenes migrados en mobilidad transnacional.
El estudio, elaborado por los investigadores José Sánchez-García i Carles Freixa, analiza como el «conjunto fronterizo» formado por ambos territorios se convierte en un espacio de vulneración sistemática de derechos, especialmente a través de la «securatización» de las fronteras y la externalización del control migratorio. Campamentos, puertas de entrada y espacios de tránsito concentran situaciones de precariedad extrema, violencia institucional y falta de acceso efectivo a derechos básicos como la protección jurídica, la salud, la educación o una vida digna.
El informe concluye que, a pesar de las diferencias legales entre menores marroquines y subsaharianos, ambos colectivos comparten altos niveles de vulnerabilidad a lo largo de su itinerario migratorio y también en la llegada a Catalunya. Los sistemas de acogida existentes resultan insuficientes y desiguales, mientras que el tercer sector y los profesionales sociales asumen un papel clave en la defensa de los derechos de los jóvenes en contextos de falta de recursos y presión institucional.
Ante esta realidad, el documento defiende la necesidad de un enfoque basado en los derechos humanos y la interseccionalidad, y reclama una mejor coordinación entre instituciones y entidades para garantizar una protección real y efectiva de los menores y jóvenes migrados.
Informe UPF: «Menors i joves migrants: campaments, portes d’entrada i drets humans”
Mesas redondas con jóvenes, entidades y agentes públicos
Durante el acto, presentado y conducido por el periodista Ferran Moreno, también tuvo lugar una mesa redonda posterior dividida en tres partes: la primera, con Madou Cessay, Mohamed Hamadah, Ebou Faal Jaiteh y Bilal Knioine, jóvenes de Gambia y Marruecos que han hecho el proceso migratoria solos.
La segunda mesa redonda contó con la directora del Casal dels Infants al Marroc, Claire Trichot, y Dounya Moussaoui, técnica de proyectos de la Fundación SURT. Expusieron los principales resultados del proyecto Chams, que trabaja para la protección y visibilidad de las chicas menores y jóvenes en situación de violencia de género entre Tánger y Barcelona con el objetivo de contribuir a visibilizar y garantizar los derechos de las chicas menores y jóvenes en situación y riesgo mediante la respuesta colectiva y coordinada de los actores implicados en Marruecos y Catalunya.
Para cerrar el acto, este se acabó con una mesa con representantes de algunos organismos públicos que intervienen en esta realidad, con Esther Vallbona, subdirectora general de Prevención y Atención a la Infancia y la Adolescencia del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Catalunya, y Anna Piferrer, asesora del área de Infancia de la Síndica de Greuges de Catalunya.
El proyecto Rassif
La jornada se enmarca en el proyecto Rassif, que lidera el Casal dels Infants en colaboración con una red de entidades en Catalunya y Marruecos para mejorar la protección transnacional de los derechos de los niños, niñas y jóvenes migrantes solas en ambos territorios.
Las entidades que han participado en la elaboración del informe de análisis del marco jurídico son: Casal dels Infants, Fundación Ficat, La Xixa, Fundación Idea, Fundación Putxet, Punt de Referència y Cepaim.
Las entidades que forman parte del proyecto Rassif a Catalunya son: Casal dels Infants, Bayt al-Thaqafa, Cepaim, Centre de Dia Dar Chabab, Fundación Ficat, UPF, Aida, Iniciatives Solidàries, Fundación Putxet, Fundesplai, Fundación Idea, Fundación Esperança-Casa Recés, Punt de Referència, La Xixa Teatre y el Servei de Detecció i Intervenció (SDI), gestionado por PROGESS, del Departament de Serveis Socials d’Intervenció a l’Espai Públic, Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS).