Hacer frente a un riesgo de pobreza y exclusión social alarmante en la infancia
Las desigualdades y el elevado riesgo de pobreza son un factor estructural que la pandemia ha agravado. El 2020 un 26,3% de la población en Catalunya se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE), según la última Encuesta de Condiciones de Vida, publicada en julio. Hablamos de dos millones de personas, de las cuales medio millón són niños y niñas. Es la cifra más alta en la última década, igualando la del año 2012, en plena crisis financiera global. Entre estos picos de pobreza, la tasa AROPE se ha mantenido constantemente con valores iguales o superiores al 22,5%. En otras palabras, la tasa AROPE se ha mantenido constantemente con valores iguales o superiores al 22,5%. En otras palabras, las dos crisis prácticamente se han encadenado, teniendo en cuenta que en estos 10 años mucha gente ha vivido con graves dificultades para tirar adelante.
En cuanto a los niños, la situación es aún más crítica: el 2020 el 36,9% de los niños y niñas en Catalunya vivía en riesgo de pobreza o exclusión social (hasta entonces la cifra más alta fue en 2014, con un 34,2%). Si nos fijamos solo en el riesgo de pobreza (los menores de edad que viven en un hogar con ingresos inferiores al umbral de pobreza), en cuatro años (del 2017 al 2020) pasamos de tener uno de cada cuatro niños en riesgo de pobreza a tener uno de cada tres.
Medio millón de niños y niñas en Catalunya vivía en riesgo de pobresa o exclusión social en 2020
Hacia la renta básica universal
Las políticas de garantía de rentas y el sistema de prestaciones sociales deberían ser una herramienta para hacer frente a este elevado riesgo de pobreza y exclusión social, pero su efecto está siendo claramente insuficiente y excluyente. Si nos fijamos en la Renda Garantida de Ciudadania, gestionada por la Generalitat, actualmente se benefician de esta prestación 171.000 personas, según los últimos datos del noviembre de 2021, que representan sólo un 8,6% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social.
Respecto al Ingreso Mínimo Vital, impulsado por el Estado, en diciembre de 2021 lo recibían en Catalunya cerca de 65.400 personas, que son el 3,3% de las que viven el riesgo de pobreza o exclusión social. De estas, 24.600 eran niños, es decir, solo el 5% de los niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión social contaron con la ayuda del IMV. Estos datos demuestran que las dos políticas tienen un alcance muy alejado de su objetivo, a causa de unos criterios para acceder a ellas muy restrictivos, de un proceso de tramitación a menudo poco accesible y de una inversión insuficiente, tal como las famílias y las entidades hemos constatado y venimos señalando en los últimos años.
Sólo un 8,6% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social en Catalunya recibe la Renta Garantizada de Ciudadanía
Únicamente un 5% de los niños y niñas en riesgo de exclusión social en Catalunya se beneficia del Ingreso Mínimo Vital
Desde la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), de la que formamos parte, hemos destacado las carencias de las políticas de garantía de rentas condicionadas, y hemos defendido la necesidad de avanzar hacia un modelo de renda básica universal, desde un enfoque de justícia social y que vele por los derechos de todas las personas. En las jornadas ‘Renda Básica Universal: una hoja de ruta realista’, organizadas por ECAS con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona el 20 de diciembre, se reclamó que las políticas sociales y los instrumentos hoy existentes para garantizar los mínimos para una vida digna sean coherentes con el rumbo que marca el plan piloto de Renda Básica Universal que el gobierno de la Generalidad implementará este año.
Es necesario avanzar hacia un modelo de Renta Básica Universal en clave de justicia social y velando por los derechos de todas las personas
Familias monoparentales
El riesgo de pobreza en los hogares catalanes (14,2%) se dobla cuando hablamos de familias con niños a cargo (28,9%) y se triplica en las monoparentales (43,2%). Tener hijos e hijas, pues, multiplica las probabilidades de caer en la pobreza, especialmente en los hogares donde solo hay un adulto.
El riesgo de pobreza en las familias monoparentales tiene un marcado componente de género. Por un lado, porque en el 80% de los casos es la mujer quien se hace cargo de los niños. Por otro, porque las situaciones de riesgo de exclusión social de las familias monomarentales son superiores a las que encabezan hombres, según datos del conjunto del Estado recogidas en el estudio Familias monoparentales en España.
Cerca de la mitad de las familias monoparentales se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, cuatro veces más que los hogares sin hijos a cargo
Hace falta, pues, visibilizar los obstáculos que se encuentran las familias monomarentales y reforzar las políticas públicas que han hecho disminuir el riesgo que caigan en la pobreza. Este apoyo se tiene que abordar haciendo prevalecer los derechos de los niños y niñas en este tipo de hogares, y como en el conjunto del sistema de protección a la infancia, destinando más inversión a la prevención de situaciones de riesgo.
Garantizar educación 0-3 a quien más lo necesita
A la hora de hacer frente a las desigualdades en la educación, un aspecto clave es avanzar hacia un acceso gratuito y universal en el primer ciclo de educación infantil (de los 0 a los 3 años), la etapa más determinante en el desarrollo de los niños y niñas y un derecho que todos los niños y niñas tienen reconocido desde que nacen.
En Catalunya, sin embargo, solo uno de cada tres niños fue a la guardería el año pasado. A pesar que este dato podría verse afectado por el impacto de la pandemia, la proporción de niños y niñas escolarizados en esta etapa no ha llegado nunca al 40%. Los que lo tienen más difícil para acceder son los niños y niñas en situación social vulnerable —solo representan el 1% del total del alumnado, según datos del Departament d’Educació— y los niños extranjeros —a pesar que en Catalunya uno de cada cinco niños entre los 0 y los 3 años son extranjeros, en la guardería solo el 6% del alumnado tiene nacionalidad extranjera—.
Como causas de la situación actual encontramos que el modelo del sistema educativo en esta etapa no es gratuito ni universal, que los criterios de prioridad del proceso de inscripción no favorecen suficientemente la escolarización de los niños en situación de vulnerabilidad y que entre los cursos 2008 y 2019 la inversión pública en esta etapa educativa disminuyó un 88%.
Sólo un 1% del alumnado de las guarderías se encuentra en situación social vulnerable, y únicamente el 6% tienen nacionalidad extranjera
El gobierno de la Generalitat ha anunciado recientemente su apuesta para avanzar hacia la gratuidad de las guarderías, garantizando que cubrirá el coste de la plaza de los grupos de 2 años (P2) a partir del curso que viene. Este paso adelante debería de ir acompañado de una recuperación de la inversión pública y de priorizar la escolarización de los infantes en situación de vulnerabilidad.
Oportunidades para los jóvenes
En Catalunya un 15% de los jóvenes de entre 18 y 24 años tiene un nivel de estudios inferior al graduado de la ESO, una proporción muy superior a la del conjunto de la Unión Europea (10%). Esta tasa, conocida como el abandono prematuro de los estudios, mejoró de forma significativa entre los años 2004 y 2016, pasando del 34% al 18%, pero en los últimos cinco años se ha estancado.
Dejar los estudios tan pronto incrementa el riesgo de exclusión social de estos chicos y chicas. La tasa de paro entre los jóvenes que como máximo tienen estudios obligatorios es del 31,7%, el doble de la de quienes tienen estudios postobligatorios (15,8%), según datos de la Encuesta de Población Activa del último trimestre.
Por ello es necesario ofrecer a los jóvenes, especialmente a los chicos y chicas en situación de vulnerabilidad, oportunidades formativas y de inserción laboral, explorando sectores laborales que les ofrezcan salidas profesionales más estables. Actualmente, más de la mitad de los jóvenes que trabajan (53,4%) lo hacen con un contrato temporal y, por todo ello, sólo un 15,5% de las personas de entre 16 y 29 años se han podido emancipar.
La tasa de paro entre los jóvenes que como máximo tienen estudios obligatorios es del 31,7%, el doble que la de los que han cursado estudios postobligatorios
Por otro lado, la reforma del Reglamento de Extranjería aprobada en noviembre ha establecido que las personas extranjeras extuteladas pasen a tener autorización de trabajo cuando salen del centro de protección de menores, y flexibiliza los requisitos de ingresos para que renueven el permiso de residencia. Logrado este paso adelante importante, este año será necesario que este cambio vaya acompañado de oportunidades formativas y de inserción laboral para estos chicos y chicas, que han estado muchos meses sin poder trabajar ni valerse por sí mismos a causa de no tener la documentación en regla.
Ayúdanos a seguir actuando por los derechos de la infancia, los jóvenes y las familias en situación de vulnerabilidad.
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