Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, publicadas este lunes por el Institut d’Estadística de Catalunya, nos muestran una realidad grave y cronificada de la infancia: el año pasado 436.000 niños y niñas, uno de cada tres, se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social. Los niños fueron el grupo de edad más afectado por esta situación, mientras en el conjunto de la población una de cada cuatro personas se encontraba en esta situación. El riesgo cayó menos de un 1% en los niños y niñas, mientras que en el conjunto de la población bajó un 5%.
Volvemos a constatar como las prestaciones sociales no rescatan los niños y niñas de la vulnerabilidad: solo uno de cada cuatro menores supera el riesgo de pobreza gracias a las pensiones o prestaciones públicas. Este impacto de las transferencias sociales es el mismo que había el 2016, antes de la creación de la Renda Garantida de Ciudadanía y el Ingreso Mínimo Vital, las dos principales políticas de rendas condicionadas que deberían garantizar el bienestar de los niños y no lo están consiguiendo. En cambio, más de la mitad de la población en riesgo de pobreza de todas las edades sale de ella gracias a pensiones o prestaciones.
Solo uno de cada cuatro niños y niñas supera el riesgo de pobreza gracias a las pensiones o prestaciones públicas, cuando en el conjunto de grupos de edad más de la mitad de personas en riesgo salen de ella gracias a estas transferencias sociales.
Otro indicador preocupante es un incremento de niños y niñas con privación material severa. El año pasado se llegó a la proporción más alta en la última década (11,6%). En los jóvenes, los datos son aún más alarmantes: el 12,1% sufre privación material severa, el doble que hace solo dos años.
Hay un 11,6% de niños y niñas y un 12,1% de jóvenes con privación material severa, las cifras más altas en la última década
Por lo que hace al contexto de las familias, el 2022 tener hijos seguía incrementando mucho el riesgo de pobreza (del 15% al 24%), según la encuesta. La situación de las familias monoparentales, a pesar que se mantuvo en grave vulnerabilidad, mejoró ligeramente: cuatro de cada diez se encontraba en riesgo de pobreza, mientras el 2021 se encontraban más de la mitad.
La pobreza energética en la infancia se dispara
El deterioro más destacado en las condiciones de vida de los niños lo encontramos en el fuerte crecimiento de la pobreza energética. Uno de cada cinco niños y niñas menores de 16 años vive en un hogar que no se puede permitir mantener la vivienda a una temperatura adecuada, cuando el 2020 era el 11,6% y el 2017, menos de la mitad (9%).
Esta proporción se repite en los gastos de la vivienda, que son una carga cada vez menos asumible para las familias con hijos. Uno de cada cinco menores de 16 años vive en un hogar donde hay retrasos en el pago de los gastos de vivienda principal, cuando el 2017 se daba en menos de la mitad (9%).
Uno de cada cinco niños y niñas vive en un hogar que no se puede permitir mantener la vivienda en una temperatura adecuada y donde no hay retrasos en el pago de gatos de la vivienda. En ambos casos, más del doble que hace cinco años.
Políticas para garantizar el bienestar de todos los niños y niñas
Tal y como recogemos en nuestro posicionamiento institucional de incidencia política, desde el Casal dels Infants planteamos un seguido de medidas prioritarias que haría falta adoptar desde las administraciones públicas para garantizar el derecho de los niños y niñas a un nivel mínimo de bienestar, que resumimos a continuación.
Priorizar la inversión pública en Zones d’Actuació Preferent, tal y como establece la Ley de derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia (LDOIA), identificadas a partir de indicadores de las situaciones de riesgo en la infancia y adolescencia.
Garantizar la dotación del financiamiento y los recursos necesarios a los Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA), como servicio especializado y multidisciplinario en el sistema de protección a la infancia y la adolescencia. Su actuación no se puede limitar a los casos de riesgo más extremo, sino que tiene que ser también preventiva.
Garantizar una dotación de recursos y personal suficientes a los Servicios Sociales territoriales para garantizar una atención adecuada y con la frecuencia necesaria a las familias con niños y niñas a cargo en situación de vulnerabilidad.
Evaluar el despliegue del nuevo modelo de servicios de intervención socioeducativa (modelo SIS) y garantizar su financiamiento. Corregir la falta de recursos por parte de los entes locales a la hora de complementar la aportación de la Generalitat para el financiamiento de estos servicios.
Fijar por leyes los ingresos necesarios para garantizar el derecho subjetivo del niño a un nivel de vida adecuado, tal y como establecen la Convención de Derechos del Niño y la Ley de derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia. A partir de aquí, la Renda Garantida, el Ingreso Mínimo Vital o una prestación complementaria tienen que asegurar este nivel de ingresos a los niños que no lo tienen cubierto por su familia.
Ante la ineficacia de las políticas de garantía de rendas condicionadas a la hora de reducir el riesgo de pobreza (especialmente en la infancia), hace falta avanzar hacia un modelo de Renda Básica Universal.
Implementar el incremento del 8% del indicador de renda de suficiencia de Catalunya (IRSC) previsto en los presupuestos del 2023 y establecer un modelo de revisión del indicador que evite congelaciones y se adecue a la inflación acumulada.
Hace falta garantizar que el sistema de prestaciones sea eficiente y minimice las trabas administraciones y de brecha digital en el proceso de tramitación. Hace falta recuperar los espacios de tramitación presencial de las prestaciones sociales para evitar que muchas familias queden excluidas.
Garantizar un alquiler social a las familias en situación de vulnerabilidad antes de ejecutar un desahucio, tal y como prevé la ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. El realojo tiene que garantizar condiciones adecuadas para las familias con niños a cargo, haciendo prevaler el interés superior del niño y evitando soluciones temporales y precarias como albergues o residencias. En el caso que sean viviendas de grandes tenedores, velar para que estos garanticen una vivienda social a las familias en riesgo de exclusión, tal y como establece la ley 1/2022 para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda.