1 de cada 3 niños y niñas en Catalunya, en riesgo de pobreza o exclusión social

29/02/2024

En Catalunya, 442.300 niños y niñas (uno de cada tres) sufrieron riesgo de pobreza o exclusión social el 2023, según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida publicados el 26 de febrero por el Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Son 6.000 niños y niñas más que el año 2022, y la infancia sigue siendo la franja de edad que más se encuentra en esta situación, por encima del conjunto de la población de todas las edades (una de cada cuatro personas se encuentra en esta situación).

Los datos vuelven a indicar que el riesgo de pobreza o exclusión social en la infancia en Catalunya es un problema grave y cronificado (en la última década, la proporción de niños y niñas que se encontraban así ha sido siempre superior al 30%, excepto el 2016). El riesgo de pobreza o exclusión social se mide con un indicador europeo de referencia conocido, como tasa AROPE, y tiene en cuenta la población que vive con ingresos inferiores al umbral de la pobreza, sufre privación material y social severa o vive en un hogar con baja intensidad de trabajo.

 

El riesgo de pobreza, concentrado en determinados barrios

Si tenemos en cuenta el riesgo de pobreza, y por tanto los ingresos de las familias, el 2023 afectó a 363.900 niños y niñas, un 26,8% del total. Supone 14.000 niños y niñas menos que el año pasado, siguiendo la tendencia de mejora en este indicador que se ha dado desde el 2021, después que en plena pandemia se registró la peor cifra en la última década (462.000 niños y niñas en riesgo de pobreza el 2020, un 33,4%).

Más allá de esta fotografía general, cuando miramos el detalle de las cifras por distritos nos encontramos con cifras de pobreza infantil mucho más altas. El 2021, año con las últimas fechas disponibles, 23 distritos de 19 municipios de Catalunya tenían una tasa de riesgo de pobreza entre los niños y niñas igual o superior al 50%, teniendo en cuenta el umbral de pobreza de todo el estado y según datos del Atles de Distribució de la Renda de les Llars de l’Institut Nacional d’Estadística.

 

Gastos de necesidades básicas inasumibles

Es alarmante, pues, que un 10,9% de los niños y niñas (131.500) sufrieron privación material severa, es decir, que sus familias no pudieron hacer frente al gasto de de necesidades básicas, en un contexto de inflanción. La proporción de niños y niñas en esta situación ya había crecido en los últimos seis años (desde el 2016, cuando solo se encontraban el 6%).

Hace falta destacar que casi la mitad de los niños y niñas (44,6%) vive en familias que no pueden hacer frente a gastos imprevistos, más niños y niñas que el 2022 (39,7%). En uno de cada cinco niños, en casa no se pueden permitir mantener la vivienda a temperatura adecuada (20,5%) y uno de cada tres vive en hogares que no pueden hacer vacaciones como mínimo una semana al año (31,5%).

Tener hijos dispara el riesgo de sufrir pobreza

Las familias con hijos y hijas a cargo siguen sufriendo un riesgo de pobreza (22,7%) mucho más alto que las que no tienen (13,1%), y el doble que los hogares con dos adultos sin hijos a cargo (11,75%).

El peor contexto sigue siendo el de las familias monoparentales, un 80% de las cuales las encabezan mujeres. Una de cada tres de estas familias se encuentra en riesgo de pobreza. A pesar que la cifra continua siendo preocupante, hace falta señalar una evolución positiva en los últimos dos años (el 2022 se encontraban así el 39,3% y el 2021 más de la mitad, el 51,9%).

Las prestaciones sociales, insuficientes contra la pobreza infantil

La infancia es también la franja de edad que menos consigue salir del riesgo de pobreza gracias a las transferencias sociales (pensiones y prestaciones públicas). Poco más de uno de cada cinco niños y niñas (22,3%) supera el riesgo de pobreza gracias a estas ayudas, que permiten, en cambio, que más de la mitad del conjunto de la población de todas las edades (55,2%) salga adelante.

4 claves contra el riesgo de pobreza o exclusión social en la infancia

Desde el Casal dels Infants destacamos cuatro medidas clave para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes desfavorecidos y protegerlos del riesgo de pobreza o exclusión social, muy alineadas con algunas de las propuestas planteadas por el Síndic de Greuges en su último informe anual sobre los derechos del niño.

Más prevención con servicios de apoyo social y educativo

Solo un 5,7% de los niños y niñas en riesgo de pobreza y un 13,2% en pobreza severa acceden a servicios de intervención socioeducativa, como los que tiramos adelante en el Casal dels Infants. Estos servicios tienen un papel clave en la prevención de situaciones de vulnerabilidad, y reclaman que cuenten con recursos para llegar a más niños y niñas.

Una prestación universal para la crianza

La Renda Garantida de Ciudadanía (RGC) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no ha conseguido mejorar el impacto insuficiente de las prestaciones sociales en la reducción de la pobreza infantil. Más allá de avanzar hacia una gestión unificada de las dos prestaciones, como ya se ha anunciado, y de mejorarlas, desde el Casal dels Infants reclamamos una prestación universal para todos los niños y niñas.

Más niños y niñas desfavorecidos en las guarderías

El acceso a eduación y a apoyo en la crianza en la etapa de los 0 a los 3 años es una herramienta clave contra la pobreza infantil. Proponemos establecer criterios de prioridad en la escolarización a las guarderías que afavorezcan los niños y niñas en riesgo de exclusión social y reservarles más plazas. Partiendo siempre de esta prioridad para los niños y niñas desfavorecidos, hace falta avanzar en la universalización y posteriormente en la gratuidad de todo el primer ciclo de educación infantil.

Detener los desahucios de niños y niñas

El 2022, 4.000 familias con niños/niñas/adolescentes a cargo sufrieron un desahucio en Catalunya, según el Síndic de Greuges. Reclamamos que los grandes tenedores cumplan con la obligación de ofrecer un alquiler social a familias en riesgo de exclusión social antes de desahuciarlas. Cuando la responsabilidad de realojar las familias recae en las administraciones públicas, estas tienen que garantizar condiciones adecuadas para los niños y niñas, haciendo prevaler su interés superior y evitando soluciones temporales y precarias como albergues o residencias.

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